Málaga, 8 nov (EFE).- El caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga) se ha resuelto este viernes, casi 18 años después de que comenzara la instrucción, con 31 absueltos y 15 condenados a penas menores, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, al que se le ha impuesto cinco meses de suspensión y 40.000 euros de multa

La Audiencia Provincial de Málaga ha hecho público el fallo, que implica que sólo han sido condenados 15 acusados del medio centenar que inició la instrucción.

Barrientos es condenado a cinco meses y siete días de suspensión de empleo y cargo público por un delito continuado de cohecho y a la multa de 40.000 euros, algo que ya ha avanzado que pretende recurrir.

El caso Astapa ha quedado así resuelto tras casi dos décadas de instrucción de una compleja causa, que suma 55 tomos y alrededor de 15.000 folios, en la que la Justicia ha intentado desentrañar las posibles responsabilidades de medio centenar de acusados.

Barrientos, acusado de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, otro de cohecho y también de prevaricación, finalmente sólo ha sido condenado por cohecho pasivo.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que ha llevado el proceso ha absuelto a muchos de los investigados como consecuencia de la prescripción de los delitos y ha dictado sentencias condenatorias menores -multas e inhabilitación, principalmente- para los demás.

Sólo uno de los investigados, el que fuera líder del Partido Estepona (PES) y ex primer teniente alcalde de este municipio, José Ignacio Crespo de Lucas, ha recibido una sentencia condenatoria que incluye prisión, aunque no la cumplirá, además de dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El resto de los condenados sólo han recibido suspensiones y multas, alguna por encima de los 728.000 euros.

Gran parte de la investigación se sustentaba en una serie de escuchas sobre las que planeaba la sombra del excomisario José Manuel Villarejo.

En febrero de 2023, poco después de empezar la vista oral, el órgano instructor anuló las escuchas y esta decisión dejó muy comprometido el proceso para la acusación, ya que no sólo hubieron de enterrarse las grabaciones, sino también cualquier posibilidad de contar con las prueba obtenidas a raíz de las intervenciones telefónicas o derivadas, en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado.

Aunque la manipulación de la investigación por parte de Villarejo nunca ha quedado probada, las defensas se afanaron en tenerlo presente y han tratado de tumbar la validez tanto de las escuchas como de las pruebas obtenidas a raíz de las mismas.

Dada la magnitud del proceso, el volumen de la documentación y el número de imputados, su tratamiento se organizó en diez grupos temáticos.

El fiscal Valentín Bueno planteó en la primera de las sesiones de las cuestiones previas la conveniencia de incluir un bloque extra con objeto de facilitar el desarrollo de los ya establecidos, “dar cabida a testificales y documentales que se han propuesto” y a alguna pericial, así como a «cualquier manifestación” de los acusados, pero que el tribunal no aceptó.

El magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Andrés Rodero, manifestó en la última sesión de la vista su pesar por no poder disponer antes de una sentencia que no ha gustado a Barrientos, pues a la salida de la Audiencia malagueña ha cargado con dureza sobre la Fiscalía.