Madrid, 24 mar (EFE).- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este jueves que la ley de promoción de los planes de pensiones de empleo «en absoluto» supone un menoscabo de las pensiones públicas.
«El riesgo», ha apuntado Escrivá en la defensa del proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo -que afronta este jueves el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados-, no es que los planes colectivos sustituyan a las pensiones públicas, sino que los planes individuales creen diferencias entre pensionistas con alta capacidad de ahorro y «los que no lo tienen».
Frente a los planes de pensiones privados -donde el bajo poder de negociación «acaba repercutiendo en altas comisiones y baja rentabilidad»-, Escrivá ha apostado por los planes colectivos, simplificando su creación y facilitando «la adscripción de grandes colectivos de trabajadores a través de la negociación colectiva».
La ley de planes de pensiones de empleo pretende favorecer el desarrollo de los planes colectivos de pensiones -en especial entre trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas- con el impulso de la negociación colectiva, bonificaciones fiscales y la creación de fondos de promoción pública.
La ley prevé bonificar a las empresas que pongan en marcha estos planes con descuentos en las cotizaciones -hasta 115 euros al mes por empleado-, mientras que los trabajadores podrán deducirse sus aportaciones en el IRPF incluso cuando su contribución sea superior a la de la empresa.
Escrivá ha recordado que esta ley parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que han sido la «hoja de ruta» de todos los cambios normativos emprendidos por el Gobierno en el ámbito de las pensiones porque «las buenas reformas nacen del diálogo y del acuerdo».
También ha confiado que el desarrollo de los planes colectivos permita elevar la baja rentabilidad histórica de los planes individuales.
El proyecto de ley afronta una única enmienda a la totalidad, presentada por BNG, que considera que estos planes complementarios son un «caballo de Troya» para sustituir las pensiones públicas por planes privados, lo que generará un «trato discriminatorio» entre trabajadores.
