WWF ha asegurado que, de salir adelante, las iniciativas legales registradas en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos en el entorno de Doñana supondrán un «golpe mortal» para el humedal más importante de Europa y uno de los mejores del mundo.

En concreto, se han registrado dos proposiciones de ley, una firmada por el PP y Cs, y otra, de parecido contenido, presentada por PP y Vox, que, según los ecologistas, permitirían «legalizar» más del 85 % de la superficie de cultivo ilegal en el entorno de Doñana.

En total, se verían afectadas 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable, en las que antes campeaban linces, águilas calzadas y tortugas moras y que han sido cubiertas «de forma ilegal por un mar de invernaderos y plásticos», según WWF.

«Se trata de una amnistía injusta, con claros fines electorales, para salvar a los agricultores ilegales que destruyen Doñana. Una medida que solo recompensa a quienes invaden los montes y secan los acuíferos promoviendo la venta de fresas ilegales», asevera la organización en un comunicado.

De aprobarse esta propuesta, no sólo supondrá una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, será también uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana, según la misma fuente.

WWF ya ha denunciado la situación ante la Unesco, organismo de Naciones Unidas al que ha pedido su intervención para garantizar la conservación de Doñana, y ahora ha abierto una recogida de firmas para parar este «gravísimo atentando ecológico».

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió ayer martes a la Junta de Andalucía que vete la tramitación de la proposición de ley para regularizar 1.460 hectáreas de regadío en el entorno del parque nacional de Doñana porque es un «engaño al sector» y genera unas expectativas irreales porque «no hay agua».

Mientras tanto, el Gobierno andaluz aseguró este martes que la nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana «no supondrá» ninguna ampliación y concretó que lo que busca es dar una solución a derechos históricos heredados de unos agricultores que los ejercen desde hace décadas.

Madrid, 19 ene (EFE).-