Marta Montojo
Madrid, 29 dic (EFE).- Este año se han cumplido cuatro décadas desde que existe la llamada “Constitución de los océanos” -o formalmente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-, pionera en regular la actividad en esos dos tercios del planeta que pertenecen a todos y, a la vez, a nadie.
El mayor éxito de esta Convención, según explica a EFE el jurista español José Antonio de Yturriaga, uno de los diplomáticos testigos del proceso de creación de esta poderosa herramienta jurídica que se dio en plena Guerra Fría, fue dar «una visión de conjunto a todo el medio marino».
Estableció, por primera vez, unas normas básicas aplicables a todos los océanos, medidas que, frente a la anarquía que reinaba en los mares, “fueron aceptadas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional”, subraya Yturriaga.
No obstante, además de los que no tienen litoral, quedaron fuera del Convenio algunos países clave en el tablero geopolítico, como Estados Unidos, y también Israel, Turquía, Irán, Siria y algunos estados de Latinoamérica.
La Convención, que se abrió a la firma en Montego Bay (Jamaica) en diciembre de 1982 tras casi una década de reuniones, aportó «unas garantías y una seguridad» que han favorecido la protección de los derechos humanos, arguye Yturriaga, si bien en materia medioambiental este jurista apunta que no se han logrado grandes avances.
Entre los logros, el diplomático destaca el nacimiento, gracias a esta Carta Magna del mar, de las zonas económicas exclusivas (ZEE), que extendieron la soberanía económica de los estados hasta las 200 millas náuticas desde su costa y que luego se permitió ampliar hasta las 350 millas náuticas para el lecho y el subsuelo marino.
Con las nuevas ampliaciones de las ZEE y las que están en trámite, el experto anticipa que llegará un punto en que la denominada “alta mar” quedará muy reducida, si bien por ahora las aguas bajo jurisdicción de los estados solo suponen el 40 % de la superficie de los océanos.
En aguas internacionales, predomina el principio de libertad de navegación y, en la práctica, de casi cualquier actividad -dañina o no-, ya que es jurídicamente muy difícil regular y asegurar el cumplimiento de las normas más allá de las ZEE.
PROTEGER EL FONDO MARINO
A raíz de una propuesta del embajador maltés Arvid Pardo, la Constitución de los océanos declaró los fondos marinos como patrimonio común, a fin de evitar la explotación del suelo oceánico -ecosistema del que aún se sabe muy poco- salvo si es en pro de los “intereses de la humanidad”.
“EE.UU. no estaba conforme con la norma, especialmente con ese capítulo 11 sobre los fondos marinos”, asegura Yturriaga, quien considera que el país norteamericano “en parte tenía razón” al declararse en contra de dicho apartado, al que se opusieron también otros países desarrollados.
La idea -que, para Yturriaga, pecó de «buenismo»- era que, de explotarse los fondos marinos, sean los países en desarrollo quienes se beneficien de ello, aunque el jurista apunta que esos estados carecen de la tecnología que precisa la actividad.
Otros logros en materia medioambiental son las normas que se permitió adoptar dentro de las ZEE para prevenir la contaminación de los buques, así como los acuerdos sobre protección de áreas específicas y las organizaciones regionales de gestión de pesca -que controlan la salud poblacional de especies como el atún-, que proliferaron de forma paralela a la Convención pero en ese esfuerzo multilateral por regular los océanos.
El gran asunto pendiente, incide Yturriaga, es la protección de la biodiversidad, tema que la comunidad internacional aspira a abordar mediante el proyecto de acuerdo legalmente vinculante denominado «Biodiversity Beyond National Jurisdiction» (BBNJ), que los ecologistas esperan abra la puerta a crear santuarios en alta mar.
Pero la última reunión de los miembros de la Convención, que se produjo en Nueva York en agosto, concluyó sin acuerdo, y parece que habrá que esperar a que el consenso llegue -si la situación geopolítica lo permite-, en 2023.
