El alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), anunció que realizará «una última intentona» para presentar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de abonar estas sentencias condenatorias

En los últimos meses, el Ejecutivo local ha enfrentado dificultades para aprobar las modificaciones presupuestarias requeridas. Las sentencias incluyen casos en los que el juez ha solicitado explicaciones sobre los impagos, que la ley exige. El Gobierno local, compuesto por el PP y ULEG, busca abordar estos pagos mediante modificaciones presupuestarias que deberán ser aprobadas en el Pleno.

Asimismo, Recuenco afirmó que el Ayuntamiento tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar estos pagos utilizando el superávit presupuestario de más de 50 millones del año 2022. Después de esa fecha, cualquier desembolso deberá realizarse con cargo al presupuesto municipal, lo que, según el alcalde, podría «hipotecar los presupuestos» del próximo año.

Además de las sentencias, el Ayuntamiento enfrenta dificultades para abonar la compra de material para escuelas infantiles y el alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III, por un monto cercano a los 300.000 euros.

Recuenco también mencionó la propuesta de Vox de constituir una mesa de negociación para abordar estos pagos, a lo que respondió que la idea de negociar una deuda le parece complicada y que la situación es urgente, ya que el plazo para utilizar el superávit se agota.