Madrid, 14 feb (EFE).- La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno la eliminación el IVA en los alimentos básicos adquiridos en supermercados con las tarjetas monedero para personas vulnerables, tras el fin de la reducción temporal de este impuesto en estos productos el 31 de diciembre.
En una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha trasladado esta petición formal al Gobierno, que considera que «aliviaría enormemente» a las familias vulnerables para que destinen los recursos «a lo esencial».
La consejera madrileña subraya que, desde que se diseñó este nuevo sistema de reparto de alimentos a través de las tarjetas monedero en 2021, los precios se han incrementado un 30 %, y la eliminación del IVA de los alimentos básicos el 31 de diciembre ha complicado la situación para estas personas, ya que ahora disponen de menos recursos.
El «IVA cero», recalca Dávila en su misiva, «evitaría que el Estado se enriquezca de manera injusta» con este sistema de tarjetas monedero, que rechaza la Comunidad de Madrid al dejar sin acceso al mismo a miles de personas que son potenciales beneficiarios, que hasta la puesta en marcha de este modelo recibían comida procedente de los bancos de alimentos mediante distintos programas sociales.
Debido a ello, incide la consejera madrileña, las comunidades autónomas se ven obligadas a cubrir «las deficiencias de una gestión centralizada negligente» y «revertir» sus consecuencias.
«Los bancos de alimentos, que siguen atendiendo al 80 % de las personas que requieren este apoyo, aseguran estar ya al borde del colapso por falta de recursos», advierte Dávila.
Y añade que la Comunidad de Madrid tuvo que habilitar una línea de ayudas de 7 millones de euros para las personas que no pueden acceder a la alimentación básica a través de las tarjetas monedero diseñadas por el Gobierno, debido a que están destinadas a un sector muy concreto y a las condiciones negociadas en exclusiva por el Ejecutivo central con las autoridades europeas para la percepción de fondos comunitarios.
«A pesar de los esfuerzos anunciados por el Gobierno de España bajo el denominado «escudo social», la realidad muestra una clara falta de medidas efectivas frente a la pobreza material», censura Dávila.
