La Paz, 13 ene (EFE).- El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, acusó este lunes a los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que caminaron desde el Altiplano hasta La Paz de querer «convulsionar» esa ciudad, sede del Gobierno, y advirtió que la Policía protegerá a sus habitantes.
En una rueda de prensa, Del Castillo criticó la movilización que partió el viernes desde la localidad andina de Patacamaya, a unos 98 kilómetros de La Paz, para exigir al Gobierno de Luis Arce soluciones al encarecimiento de alimentos, la falta de dólares y combustibles y que cese lo que consideran una «persecución política».
El ministro aseguró que, según «informes de inteligencia» de la Policía, esta marcha «busca generar convulsión en la sede de Gobierno».
«Producto de ello, he instruido al comandante general de la Policía que se elabore un plan de operaciones con la única finalidad de preservar la vida e integridad del pueblo boliviano y de todas las personas que coyunturalmente se encuentran en la sede de Gobierno», afirmó.
Según Del Castillo, la mayoría de los movilizados provienen de la zona del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales en el centro del país.
El ministro señaló que si esta gente viene «con una marcha pacífica», tendrá «todas las garantías» para movilizarse.
«Pero si vienen a adecuar su conducta a algún tipo penal, vamos a aplicar la Constitución, las leyes vigentes y el Código Penal, porque no puede ser que por culpa de una sola persona los bolivianos constantemente tengamos que vivir en una sensación de zozobra y terror. Esto no lo vamos a permitir», advirtió.
A su juicio, «no es casual» el arribo de la movilización a La Paz en vísperas de la audiencia cautelar a la que está citado Evo Morales en la región sureña de Tarija, dentro de una investigación en la que se le acusa de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
A diferencia de otra marcha realizada en septiembre por estos mismos sectores, en esta ocasión no participa el expresidente, quien permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba resguardado por centenares de cocaleros, para evitar ser detenido.
La Justicia emitió el pasado 16 de octubre una orden de aprehensión contra el exgobernante que la Policía no ha podido cumplir hasta ahora, y el político también cuenta con una alerta migratoria.
Ante la posible detención de Morales, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo.
Recientemente, un tribunal notificó por edicto al también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para que se presente este martes a la audiencia en Tarija.
No obstante, en esta jornada, uno de los abogados del exmandatario, Wilfredo Chávez, descartó que asista porque «no ha sido notificado Evo Morales».
La defensa del político ha señalado varias veces que el proceso está «viciado de irregularidades» y considera que es parte de una persecución en su contra para inhabilitar su anunciada candidatura presidencial para las elecciones generales previstas para agosto.
Además del caso en Tarija, en Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales.
Estas investigaciones contra el político se dan en medio de su pugna con el presidente Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
