Madrid, 12 ene (EFE).- El productor musical Nacho Cano declarará este lunes ante la jueza que le investiga por presuntas irregularidades en relación con los becarios mexicanos del musical Malinche casi seis meses después de que fuera detenido como consecuencia de la denuncia que interpuso una de las jóvenes artistas.
Nacho Cano defenderá su inocencia ante la magistrada Inmaculada Iglesias y rebatirá lo denunciado por una becaria del musical, quien asegura que los directivos de Malinche trajeron a 17 becarios de México a Madrid aleccionándoles para que dijeran en frontera que eran turistas, les pagaron como becarios pero rindieron como trabajadores, con largas jornadas laborales y otras irregularidades.
Cano acude al juzgado «encantado» tras meses de espera
La defensa del artista explica a EFE que por fin podrá defender ante la jueza la verdad, que, a su juicio, es que los jóvenes mexicanos, que vinieron a formarse a Madrid para luego poder representar el musical en su país, disfrutaron de una beca durante varios meses, cumpliendo las leyes.
Sí ve irregularidades en cambio en la actuación de la Policía al detenerle a él e interrogar a todos los jóvenes con coacciones y seguimientos ilícitos.
«Está encantado de prestar declaración. Es totalmente inaudito que no lo haya hecho tras casi seis meses desde el inicio de la causa», ha afirmado el letrado José Luis González, del bufete de Cremades que defiende a los directivos de Malinche investigados.
Dos de las investigadas solicitan no declarar este lunes
La jueza citó en diciembre para este lunes a los cuatro investigados desde julio, que son Nacho Cano, Susana Jové, Roxana Gabriela García y Cristina Carmiñe, pero estas dos últimas han solicitado no acudir: García porque está en México y solicita declarar mediante comisión rogatoria, y Carmiñe porque está de baja médica, según adelantaron a EFE fuentes de la defensa.
No obstante ambas quieren declarar en cuanto les sea posible, según las fuentes.
Desde el 9 de julio de 2024 hasta hoy
Nacho Cano fue detenido el 9 de julio de 2024 por la Policía Nacional acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular, como consecuencia de la denuncia que interpuso Lesly Guadalupe.
Luego quedó en libertad y cargó duramente contra los agentes de la comisaria en la que fue detenido.
El día 30 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 19, en el que recayó el proceso, abrió el procedimiento penal al ver indicios de posibles delitos contra los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores, y encargó una serie de diligencias, como un informe a la Inspección de Trabajo sobre la contratación y la condiciones de los becarios mexicanos.
Este informe descartó que existan evidencias de que las prácticas que hacían implicaran «una relación laboral encubierta», ya que «han estado dirigidas a completar la formación teórica».
Concluyó que los 17 becados realizaron practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L., «ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado».
En noviembre declaró la becaria denunciante, Lesly Guadalupe Ochoa, quien ratificó lo que contó ante la Policía y aseguró que la echaron de la beca porque se quejó y vio algo «inapropiado», y le ofrecieron dinero si se callaba. Negó, como denunciaron los letrados de Malinche, que ella hubiera pedido dinero bajo amenazas.
Los letrados de Nacho Cano solicitaron el archivo de la causa pero la jueza lo denegó varias veces, y ya en diciembre acordó seguir con la causa y llamar a declarar para enero a los investigados y a testigos.
Lo hizo en un auto en el que explicó que no había citado antes a Nacho Cano para evitar «la pena de banquillo», ya que faltaban por practicar «diligencias necesarias e imprescindibles», y que ya sí era el momento porque eran lo propios investigados los que pedían declarar.
Los letrados del productor musical han criticado duramente la instrucción de la jueza, a la que denunciaron por presuntos delitos de prevaricación y retraso malicioso en la administración de Justicia, al favorecer a la denunciante y en cambio perjudicar a los investigados, en un caso que consideran político y que se repartió irregularmente al juzgado.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la denuncia argumentando que no cumple los requisitos legales y además no se aprecia que la magistrada haya incurrido en irregularidades al instruir la causa.
El pasado jueves la magistrada imputó en la causa a dos personas que iban a declarar como testigos: David Hatchwell, productor ejecutivo del musical Malinche y administrador del hotel en el que se quedaban los becarios, y Javier Alfonso Muñoz, director de la escuela Jana Producciones.
