Unidas Podemos ha registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una ley de residencias que tiene como principales fines garantizar la medicalización de los centros, reforzar el control sobre aquellos que son de gestión privada y aumentar la ratio de trabajadores por residente.
La diputada Paloma García Villa ha explicado a los medios que la ley responde a las carencias que la pandemia del coronavirus ha expuesto, y apunta a un «cambio de modelo» que incide en la atención sanitaria y en reforzar el carácter público de la red de residencias.
Según el último informe diario de la Consejería de Sanidad, en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid han muerto por covid-19, desde el inicio de la pandemia, 4.838 personas. Por ello, Unidas Podemos considera «urgente» que se apruebe una norma que «mejore la vida de las personas mayores» en vez de «dejarlas tiradas».
La proposición de ley del partido morado plantea que los centros cuenten con servicio médico y de enfermería durante las 24 horas del día y, adicionalmente, cuenten con la posibilidad de «medicalizarse», es decir, «modificar el uso por el tiempo necesario para su utilización como espacios para uso sanitario».
García Villa ha recordado que en julio pasado la Asamblea aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL, no vinculante) que exigía al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «medicalizar las residencias de mayores» de la región «con personal y medios suficientes», pese a lo cual «la Comunidad de Madrid no está haciendo nada».
La propuesta también aboga por la creación de nuevas plazas residenciales mediante la construcción de nuevos centros públicos, de no más de 120 usuarios, y que se ubiquen prioritariamente en municipios y distritos que tengan una dotación insuficiente en este sentido. Asimismo, define una serie de requisitos técnicos para estas infraestructuras, en materia de habitabilidad y accesibilidad.
Por otro lado, Unidos Podemos plantea la creación en cada centro de un órgano compuesto de residentes, familiares y trabajadores, y que tenga capacidad para fiscalizar la gestión y, en el caso de que sea privada e incumpla las condiciones de la concesión, proponer a la Agencia Madrileña de Atención Social su revocación. García Villa ha argumentado que, «si se pone la vida de las personas mayores por encima del beneficio privado», la empresa privada acabará abandonando el sector.
En cuanto al precio de las residencias públicas, la proposición de ley establece que se ajustará a la «capacidad económica» del interno y que en ningún caso superará el 80 % de la renta anual que reciba.
Respecto a las ratios de trabajadores, el texto establece que el personal de contratación directa de la residencia debería equivaler al menos al 115 % del número de plazas de residentes. «No tenemos razón en todo, es una ley abierta a mejoras», ha subrayado García Villa.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sol Sánchez, ha recordado que en las residencias «han estado muriendo miles de personas» y ha lamentado que el único proyecto de ley presentado por el Gobierno regional desde el inicio de la pandemia sea una reforma de la Ley del Suelo.
«Creo que estamos haciendo el trabajo de la oposición, pero también el trabajo que debería estar haciendo el Gobierno (…) lo que debería hacer el Gobierno es precisamente lo que está haciendo nuestro grupo parlamentario, preocuparse de la vida», ha zanjado.
Fuente: © EFE 2020.
