Barcelona, 11 ene (EFE).- Decenas de propietarios de viviendas han protestado este sábado en Barcelona para reclamar más seguridad jurídica y la retirada de las medidas implementadas durante la pandemia por el Gobierno central para proteger a los inquilinos considerados como vulnerables.
En la Plaza Sant Jaume, la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica, Aprovij, ha reunido a unas decenas de personas con carteles como «Queremos seguridad jurídica, no falsas soluciones», una concentración en la que han participado también dirigentes de Vox y PP.
La presidenta de Aprovij, Cati Díaz, ha exigido la retirada del decreto 11/2020, aprobado por el Gobierno durante la pandemia de la covid y que establece medidas protectoras adicionales a inquilinos considerados como vulnerables.
Díaz ha considerado que este decreto, que se ha ido prorrogando, establece unas baremos de vulnerabilidad en el que pueden entrar una parte importante de inquilinos, lo que dificulta poder desahuciar a los que no pagan y provoca que haya propietarios que ya no saquen sus viviendas al mercado por miedo a que esto ocurra.
«Puede pasar que los inquilinos paguen dos meses al entrar a un piso, pidan el informe de vulnerabilidad a los servicios sociales y ya no paguen más», ha afirmado.
Entonces el propietario debe acudir a la justicia, que es «lenta» y en la que pierde «un dineral y la salud» esperando a una solución, ha añadido Díaz.
«La derogación de ese decreto haría que salieran más pisos al mercado, habría más oferta y los precios bajarían, pero este Gobierno esta estrangulando la oferta y demanda», ha denunciado Díaz.
En este mismo sentido, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha considerado que el decreto perjudica no solo a propietarios, sino también a inquilinos con pocos recursos.
Asimismo, Sirera ha exigido «que no se fuerce a estos propietarios a hacer la política social que deberían hacer los gobiernos», que, a su juicio, deberían construir más vivienda social.
El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo del Oro, ha denunciado por su parte que los gobiernos protegen a «los caraduras» y ha considerado que «los okupas tienen más derechos que las personas que cumplen» con las normativas.
