Santiago de Chile, 15 dic (EFE).- Los chilenos vuelven este domingo a las urnas para decidir si aprueban una nueva carta magna que solo tiene el apoyo de la ultraderecha y la derecha tradicional o bien mantienen la actual Constitución, nacida en dictadura pero reformada sucesivamente en democracia.
Estas son las claves de un proceso que según las encuestas podría volver a terminar en fracaso.
Tras una votación popular, el Consejo Constitucional que redactó esta nueva propuesta estuvo dominado por la derecha tradicional y en particular por el ultraderechista Partido Republicano, cuyo presidente, José Antonio Kast perteneció a la Unión Democrática Independiente (UDI), partido creado en la dictadura.
Compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, en octubre pasado el presidente del Consejo Constitucional, militante del ultraderechista Partido Republicano y numerario del Opus Dei, Luis Silva, admitió que el nuevo texto resulta «más cómodo» para la derecha, aunque descartó que se trate de una carta magna hecha a la medida de su partido.
Los puntos que más controversia han generado son los relativos al aborto y los derechos reproductivos, la migración, la propiedad y el derecho del agua, la igualdad, el sistema de salud y pensiones, y la noción de un Estado social y democrático de derecho.
Diversos constitucionalistas chilenos independientes ya han advertido que el borrador propuesto contiene lagunas y errores legales, por lo que de ser aprobado debería ser inmediatamente enmendado.
Estado social y democrático
El texto propuesto consagra un Estado social y democrático de derecho, un cambio impulsado con fuerza desde la centroizquierda y la izquierda respecto a la Constitución legada de la dictadura (1973-1990), que estableció un Estado subsidiario y fomentó la privatización de servicios básicos, como la educación, la salud o las pensiones.
Sin embargo, la redacción del artículo correspondiente quedó lejos de las aspiraciones de la actual coalición de izquierdas, ya que con esta propuesta de Estado dejaría fuera un rol solidario ya que «reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Pensiones
El artículo 16° de la propuesta reconoce el derecho a la seguridad social, aunque asegura constitucionalmente la existencia de las seis Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros de sus cotizantes en los mercados, que suman cerca del 8 % del PIB chileno.
Terminar con el monopolio de las AFP -que desde la dictadura controlan todo el sistema de pensiones en Chile, excepto las relativas al Ejército- es una de las demandas más sentidas de la sociedad chilena, donde se han configurado movilizaciones hace una década exigiendo el paso a un sistema que permita aumentar las pensiones en el país, que a la fecha no superan en promedio los 230 dólares.
Derechos sexuales y reproductivos
«La ley protege la vida de quien está por nacer», establece la propuesta de nueva carta magna, artículo que según múltiples analistas podría colisionar con la ley de aborto en tres causales vigente en Chile desde 2017 -al cambiar la fórmula «que está por nacer» por «quien está por nacer»-, y que en la actualidad permite la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto, peligro de vida para la madre y por violación.
Restricción derecho de huelga
Otro de los artículos que ha suscitado polémica pero ha sido menos difundido es el inciso 27 del n°16, que establece condiciones para ejercer el derecho a huelga, regulando además la libertad sindical.
La huelga sólo puede ser “ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”, dice el texto, además de establecer que “la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”, impidiendo la negociación por ramas de la producción o económicas como ocurre en otros países.
Derecho al agua
En la propuesta constitucional el agua corre por dos cauces: se reconoce el derecho de acceso al recurso, pero también es mencionado en la cláusula que promueve su naturaleza privada y regula el derecho a propiedad.
“Las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público (…) Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley”, consagra el texto.
Rediseño del sistema político
El Consejo Constitucional determinó modificar el sistema político del país, específicamente al establecer un redistritaje del territorio a cargo del Servicio Electoral, definiendo un tope de 138 diputados, 17 menos que en la actualidad.
Los partidos inscritos deberán obtener al menos un 5 % de los votos a nivel nacional para acceder a los escaños del Congreso, una medida que busca evitar la fragmentación política en el Legislativo.
Seguridad
Con la creación de una Defensoría de las Víctimas y fiscalías especiales, la propuesta busca hacerse cargo del problema de seguridad que se ha desarrollado en Chile durante los últimos años.
Sin embargo, académicos del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas han recalcado que el texto, en materia de defensa y seguridad, «no cumple con los estándares democráticos básicos» y adolece «serios errores conceptuales».
Sebastián Silva
