Más Madrid ha solicitado este miércoles a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una reunión urgente para conocer la situación de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que han sido liberadas de una red de explotación sexual y tráfico de drogas.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha enviado una carta a Díaz Ayuso por su «preocupación» por el caso de estas menores, que «no debe ser objeto de utilización partidista».
«En momentos como estos la prioridad de cualquier responsable público debe ser el bienestar de las menores, el esclarecimiento de los hechos y la puesta en marcha de medidas para evitar que se repitan», reza la misiva, a la que ha tenido acceso Efe.
Pero García cree que «llueve sobre mojado», ya que «no es la primera vez que los centros de menores de la región, la situación de los niños y niñas a cargo de la Comunidad de Madrid o los profesionales que desempeñan en ellos su trabajo son noticia».
«Esta cuestión debe obligarnos a acometer una profunda reflexión sobre el modelo que existe en Madrid y que se ha demostrado sustancialmente mejorable», subraya Más Madrid.
Por ello, quieren compartir el diagnóstico de la situación actual y trasladarle una batería de propuestas para «garantizar la calidad en el acompañamiento, la atención y el desarrollo de los menores tutelados de la Comunidad de Madrid y los profesionales que velan por su bienestar».
Este encuentro serviría, además, según Más Madrid, de «primera toma de contacto del año 2022 para hablar de los retos del curso y el desarrollo de la pandemia».
«La Comunidad de Madrid no puede permitir que día sí y día también se ponga en el disparadero a estos menores, circulen bulos de manera impune o que no se aseguren sus derechos y libertades», remarca la portavoz de Más Madrid.
El Gobierno regional colabora con la Policía Nacional para esclarecer la investigación de las menores que residían en centros de protección de la región, un caso en el que la Comunidad de Madrid se personará como acusación particular.
También la Coordinadora del Tercer Sector iniciará los trámites para personarse como acusación personal, y convocarán una jornada parlamentaria en la Asamblea de Madrid con el resto de formaciones para abordar «los retos y fragilidades» a los que se enfrentan las entidades de tutela de menores, que sufren «una merma de recursos humanos que mantiene una plantilla sin suficiente dotación de personal y medios para la envergadura de la misión que se acomete».
Para hacer frente esto, reclaman «mejoras sustanciales en todo el proceso de guarda en el marco de la próxima tramitación de la Ley de Infancia autonómica», señalan en un comunicado.
La Policía Nacional detuvo a 37 personas pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a diez menores, a las que obligaban a consumir y distribuir sustancias estupefacientes.
Al menos tres de ellas vivían en centros de protección de la Comunidad de Madrid, una tutela que el Ejecutivo de Ayuso negó inicialmente salvo en uno de los casos, que se encontraba en el centro de menores de Picón del Jarama, y cuya dirección fue la que interpuso la denuncia.
En este centro la menor relató la situación en la que se encontraba, lo que derivó en la denuncia de la dirección a la Guardia Civil y desencadenó la investigación policial que comenzó en abril, cuando los agentes descubrieron que una menor se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia.
Durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes.
Otras compañeras de esta menor también realizaban las mismas fugas con el mismo objetivo.
Los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
La Policía Nacional investiga si hay más niñas implicadas en estas prácticas en centros de menores y si algunos de los trabajadores conocían las circunstancias.
Madrid, 12 ene (EFE).
